Autor: Luis Pérez Freire, director general de Gradiant
Este texto ha sido publicado originalmente en Faro de Vigo
Ha pasado casi un mes desde que nuestro país adoptó las medidas de confinamiento y distanciamiento social para atajar el avance del coronavirus. Son medidas sin precedentes, que afortunadamente empiezan a dar su fruto, pero al mismo tiempo con un enorme impacto en nuestra economía.
Es sabido que algunos países asiáticos, donde se inició la expansión global del COVID-19, han sido capaces de contener el avance del virus sin llegar a adoptar medidas tan drásticas como para paralizar la actividad económica. Probablemente Taiwán y Corea del Sur son ejemplos paradigmáticos de esto. Mascarillas y otras cuestiones aparte, son muchos los que apuntan al papel esencial que la tecnología ha jugado, y sigue jugando, en la contención de la epidemia en estos países. Estamos hablando de tecnologías como el big data o la geolocalización, que permiten monitorizar los desplazamientos de la población, su grado de interacción social, hacer un seguimiento exhaustivo de los contagiados por el COVID, o recoger datos de síntomas de la población. Todo esto, principalmente a través de apps instaladas en los teléfonos móviles de los ciudadanos. Cabe preguntarse por qué nosotros, y en Europa en general, no estamos sacando partido de todo ello. En el fondo, ¿quién se opondría a que su móvil le avise de que ha estado recientemente en contacto con una persona que ha dado positivo en un test?
En España se ha lanzado recientemente un estudio big data de la movilidad, DataCOVID, impulsado desde los Ministerios de Sanidad y Asuntos Económicos, en colaboración con los operadores de telefonía móvil. Casi automáticamente han surgido voces de alarma sobre los riesgos que un estudio de estas características supone para la privacidad de los ciudadanos. De hecho, ha sido necesario aclarar que dicho estudio no pone en riesgo la privacidad de ninguna manera. El uso de apps móviles relacionadas con el COVID está siendo esporádico en nuestro país, circunscrito fundamentalmente a un par de comunidades autónomas. Recientemente estamos viendo una proliferación de apps, la mayoría de las cuales surgen de iniciativas espontáneas y desinteresadas en el ámbito privado, pero no está nada claro que ninguna de ellas llegue a utilizarse. La cuestión de la privacidad y la desconfianza surgen continuamente. El Gobierno está desarrollando actualmente una app COVID de ámbito nacional, que previsiblemente hará un uso muy limitado de datos sensibles (siempre dentro del marco legal). Por ejemplo, el único dato geolocalizado que aparentemente usará la app es la comunidad autónoma en la que se encuentra el usuario, dejando en evidencia que dicha app no tiene como finalidad controlar los movimientos de los ciudadanos.
Otros vecinos europeos están desarrollando sus propias apps nacionales, con criterios propios sobre el tipo de datos privados a recoger y el tratamiento que les darán. Desde Bruselas se está reaccionando a todas estas iniciativas “abajo-arriba” con intención de armonizar criterios y proporcionar recomendaciones unificadas, alineadas con la estricta normativa europea de protección de datos. Sin embargo, con todas las iniciativas ya en marcha no parece muy probable que vayamos a converger fácilmente. Seguramente sería más fructífero centrar el debate en cómo abordar el desarrollo conjunto de las herramientas que nos apoyen en la fase de salida de la pandemia. A este respecto, ya se están poniendo encima de la mesa propuestas como el «permiso digital de movilidad”, que inevitablemente reavivarán el debate de la privacidad.
Europa se ha autoerigido como garante máxima de la privacidad y protectora de los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Pero no confundamos protección con sobreprotección, y desde luego, que esos valores no se conviertan en un obstáculo que impida adoptar tecnologías útiles en la lucha contra la pandemia, y que por tanto pueden salvar vidas. Hagamos que el marco legislativo trabaje a nuestro favor, no en nuestra contra, y adoptemos las medidas tecnológicas de seguridad (que afortunadamente ya existen), para que dar ese paso no sea simplemente un salto de fe.